El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de Pablo Bustinduy ha sancionado en firme a Airbnb por anunciar viviendas turísticas sin licencia.
Esta sanción de 64 millones de euros, seis veces más que los beneficios que ha obtenido Airbnb por esos anuncios, es fruto de un trabajo intenso por parte del Ministerio para garantizar, dentro de sus competencias, el derecho a la vivienda persiguiendo a los pisos turísticos ilegales.
Desde el Ministerio se están persiguiendo a todas aquellas empresas que se quieren saltar la ley y vulnerar el derecho a la vivienda, no es cosa de una empresa, es que nadie puede estar por encima de la ley.
Es de extrema gravedad que mientras hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, unos pocos se enriquezcan con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares.
Esta sanción sigue la estela de una semana realmente importante. En el momento más difícil de la legislatura, hemos logrado sacar adelante en el Congreso la reforma las leyes de Discapacidad y Dependencia y la Ley de Economía Social y Cooperativas, así como aprobar definitivamente la primera ley que blinda los derechos de los consumidores frente a las grandes empresas en la atención a la clientela. Además, ha sido pública la sanción a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros por vulnerar los derechos de las inquilinas e inquilinos ante la emergencia habitacional que vivimos.
No todos somos iguales y no vamos a permitir que la podredumbre de algunos nos desmoralice a quienes no atesoramos ni un solo caso de corrupción. Todo lo contrario, es el momento de sacar adelante la prórroga y congelación de los alquileres, la prestación universal por crianza, continuar subiendo el SMI, acabar de ilegalizar todas las organizaciones franquistas y seguir reforzando nuestra sanidad pública.
Estar en el Gobierno merece la pena siempre y cuando sea para proteger y avanzar en derechos a la ciudadanía como demostramos con estas acciones. Seguimos.